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Un relevo silencioso en el sector público estatal

Deloitte, EY, KPMG y PwC han dejado de pujar por la auditoría de casi todas las grandes empresas públicas estatales que no cotizan en bolsa. Según publicó Expansión el 10 de noviembre, de las mayores sociedades y entidades del Estado solo Tragsa sigue auditada por una de las cuatro grandes.

El hueco lo están ocupando firmas de tamaño medio, como PKF Attest, Grant Thornton, Forvis Mazars o Auren. Los anuncios oficiales de adjudicación publicados en el BOE y en el Diario Oficial de la UE lo confirman: en varios concursos solo hubo una oferta, y en otros todas las ofertas eran de pymes.

Este artículo repasa los casos con datos oficiales, analiza por qué ocurre y qué deberían tener en cuenta los entes públicos que preparan su próxima licitación.

Los concursos, uno a uno

En los últimos concursos de las grandes empresas públicas estatales, las Big Four apenas han presentado ofertas. Solo concurrieron en Tragsa y en el tercer intento de Navantia.

Entidad

Ejercicios

Auditor adjudicatario

Importe

Qué pasó en el concurso

ICO

2026-2028

Grant Thornton

301.875 €

Una sola oferta,

Adif y Adif-Alta Velocidad

2026-2028

Grant Thornton

117.000 €

Sin ofertas de Big Four

Tragsa y Tragsatec

2026-2028

KPMG

663.197 €

KPMG se impuso a Deloitte; valor estimado 773.785 €

RTVE

2026-2028 (+2)

PKF Attest

235.665 €

Sin ofertas de Big Four; EY, su auditor desde 2022, no se presentó

Renfe

2026-2028

PKF Attest

1,03 M€

El primer concurso quedó desierto

Loterías y Apuestas del Estado

2025-2027

Grant Thornton

Hasta 261.360 €

Sin ofertas de Big Four

Paradores

2025-2027

Moore (hoy Auren)

—

Sin ofertas de Big Four

Navantia

2024-2026

PKF Attest

720.480 €

Tres concursos; el primero, con 975.000 € sin IVA, desierto

Agencia EFE

2024-2026

Forvis Mazars

76.230 €

Dos ofertas, ambas de firmas medianas

Ineco

2024 (+2)

PKF Attest

—

Única oferta

Correos

2023-2026

Grant Thornton

689.782 € (4 años)

Sin ofertas de Big Four; prorrogado un año

Tres razones para no presentarse

La principal causa son los honorarios: el sector público paga poco por encargos que exigen mucho. A eso se suman el riesgo reputacional y la incompatibilidad con otros servicios.

  • Honorarios a la baja. En el concurso de ICO y Adif, el precio pesaba un 51% de la puntuación, frente al 39% de las mejoras del equipo y el 10% del sistema de calidad (BOE-B-2026-14415). Según Expansión, en varios casos las adjudicaciones se cerraron de media un 31% por debajo del presupuesto. Como cada licitación toma de referencia el precio de la anterior, el importe sigue bajando.
  • Riesgo reputacional. Auditar a una empresa pública expone a la firma al escrutinio político y mediático. Si el riesgo es alto y los honorarios son bajos, el encargo deja de compensar.
  • Incompatibilidad con la consultoría. Quien audita una entidad no puede prestarle ciertos servicios. Las grandes firmas prefieren conservar contratos de asesoramiento con el sector público, que les resultan más rentables.

Las firmas de auditoría tampoco aceptan cualquier precio. Valoran si el encargo trae trabajos complementarios, como revisiones limitadas o procedimientos acordados, que mejoren su rentabilidad.

Qué dicen las normas

El auditor de una empresa pública no se elige como el de una empresa privada: hay que convocar un concurso conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El procedimiento varía según el tipo de entidad.

  • Entidades públicas empresariales (ICO, Adif). La Ley General Presupuestaria encarga su auditoría a la Intervención General del Estado (IGAE). La IGAE contrata la colaboración de firmas privadas, por eso el concurso lo convoca la Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda.
  • Sociedades mercantiles estatales (Correos, Tragsa, Navantia, Paradores…). Contratan ellas mismas a su auditor, pero como poderes adjudicadores deben licitar el servicio.

Tres artículos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público influyen directamente en el resultado:

Artículo LCSP

Qué exige

Por qué importa en auditoría

102.3

Un precio adecuado, calculado según el precio general de mercado

Fijar el presupuesto a partir de la última adjudicación no es lo mismo que calcularlo a precio de mercado

74.2

Requisitos de solvencia vinculados al objeto y proporcionales

El primer concurso de Renfe exigía haber auditado entidades de interés público con más de 1.000 M€ de facturación, y quedó desierto

149

Revisar las ofertas anormalmente bajas

Protege frente a precios que no permiten hacer bien el trabajo

A esto se suma la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, que prohíbe al auditor prestar a su cliente determinados servicios, como ciertos trabajos de asesoramiento o valoración, para no comprometer su independencia. Esa regla es la que lleva a las grandes firmas a elegir entre auditar a una empresa pública o asesorarla.

Qué cambia y cómo prepararse

Para las firmas de auditoría, es una oportunidad de ganar experiencia en entidades grandes y complejas. Para los entes públicos, el riesgo es quedarse sin ofertas o depender de una sola.

Si eres un ente público que va a licitar su auditoría:

  1. Calcula el presupuesto a precio de mercado, con las horas y perfiles que exige el encargo, y no solo a partir del último contrato.
  2. Pide una solvencia proporcional. Exigir experiencia que solo cumplen cuatro firmas, si estas no se presentan, lleva a un concurso desierto.
  3. Licita con tiempo. Navantia y Renfe necesitaron varios concursos, y cada uno puede retrasar meses el nombramiento.
  4. Da peso a la calidad del equipo y no solo al precio.

Si eres una firma de auditoría:

  1. Analiza la rentabilidad antes de pujar. Un encargo con precio muy bajo puede comprometer la calidad y la reputación.
  2. Valora los trabajos complementarios que puede traer el contrato, como revisiones limitadas o procedimientos acordados.
  3. Revisa tu independencia antes de presentarte si ya prestas otros servicios a la entidad.

En resumen, el sector público estatal está cambiando de auditores sin hacer ruido. Si los precios siguen bajando, el problema dejará de ser quién audita y pasará a ser si alguien quiere hacerlo.