La pregunta ya no es si tu empresa utiliza inteligencia artificial. Casi con total seguridad lo hace, aunque nadie lo haya decidido de forma expresa: viene integrada en el programa de contabilidad que propone asientos o concilia los bancos, en el CRM que puntúa a los clientes, en el correo que redacta respuestas o en la hoja de cálculo que sugiere fórmulas. La pregunta relevante es otra: ¿sabemos dónde se usa, con qué datos y bajo qué reglas?
Como auditores, lo vemos cada vez con más frecuencia: herramientas de IA que intervienen en procesos que acaban reflejados en las cuentas anuales sin que la dirección sea plenamente consciente de ello. Y eso, además de una cuestión normativa, es una cuestión de control interno.
Primero: qué regula exactamente el Reglamento Europeo de IA
El Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como Reglamento Europeo de IA o AI Act, es la primera ley integral sobre inteligencia artificial del mundo. No prohíbe la IA ni trata a todas las empresas por igual: sigue un enfoque basado en el riesgo. Es decir, cuanto mayor es el daño que un sistema puede causar a las personas, más exigencias tiene. Distingue cuatro niveles:
- Riesgo inaceptable (prohibido). Usos incompatibles con los derechos fundamentales, como la puntuación social de personas o el reconocimiento de emociones de los empleados en el lugar de trabajo. Estas prohibiciones se aplican desde febrero de 2025.
- Alto riesgo. Sistemas que pueden afectar de forma significativa a la vida de las personas: seleccionar candidatos, evaluar el rendimiento de la plantilla, conceder crédito a particulares o fijar el precio de seguros de vida y salud. Son los que más obligaciones acumulan.
- Riesgo limitado (transparencia). Por ejemplo, un chatbot de atención al cliente: debe avisar de que el usuario está hablando con una máquina, y el contenido generado por IA debe poder identificarse como tal.
- Riesgo mínimo. La gran mayoría de usos cotidianos (filtros de spam, correctores, sugerencias de texto), sin obligaciones específicas más allá de la alfabetización en IA, que explicamos más abajo.
Otra distinción clave es el papel que juega tu empresa. El Reglamento diferencia entre el proveedor, que desarrolla el sistema y lo comercializa, y el responsable del despliegue, que lo utiliza en su actividad profesional. La mayoría de empresas están en este segundo grupo: no fabrican IA, la compran y la usan. Eso no las exime. Si utilizan un sistema de alto riesgo deben, entre otras cosas, usarlo conforme a las instrucciones del proveedor, encomendar su supervisión a personas con la competencia necesaria, conservar los registros que genera el sistema e informar a los representantes de los trabajadores antes de implantarlo en el ámbito laboral.
El calendario europeo se ha movido, pero no ha desaparecido
El 24 de julio de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la UE el llamado Digital Omnibus sobre IA (Reglamento (UE) 2026/1744), en vigor desde el 27 de julio. «Ómnibus» es el nombre que utiliza Bruselas para los paquetes normativos que modifican varias normas a la vez con un objetivo de simplificación. En este caso, su efecto principal es dar más tiempo para cumplir las obligaciones de los sistemas de alto riesgo, a la espera de que estén disponibles las normas técnicas y guías que deben acompañarlas:
Obligación | Fecha anterior | Nueva fecha |
Sistemas de alto riesgo del Anexo III (empleo, crédito, seguros, servicios esenciales…) | 2 de agosto de 2026 | 2 de diciembre de 2027 |
Sistemas de alto riesgo integrados en productos regulados (Anexo I) | 2 de agosto de 2027 | 2 de agosto de 2028 |
Transparencia: chatbots y contenido generado por IA (artículo 50) | 2 de agosto de 2026 | Sin cambios: 2 de agosto de 2026 |
Marcado del contenido generado por sistemas comercializados antes del 2 de agosto de 2026 | 2 de agosto de 2026 | 2 de diciembre de 2026 |
¿Qué diferencia hay entre los dos anexos?
El Anexo III recoge usos concretos que se consideran de alto riesgo por sí mismos, con independencia de la tecnología empleada: por ejemplo, un software que filtra currículos o que calcula la solvencia de un cliente particular. El Anexo I se refiere a la IA que actúa como componente de seguridad de productos que ya tienen su propia normativa europea, como maquinaria, productos sanitarios o juguetes. Para la mayoría de empresas de servicios, comercio o industria, el que más interesa es el Anexo III, sobre todo en el área de recursos humanos.
También se ha suavizado la obligación de alfabetización en IA (artículo 4). Por alfabetización, el Reglamento entiende que quien usa estas herramientas conozca lo suficiente sobre su funcionamiento, sus límites y sus riesgos como para utilizarlas con criterio: saber que un modelo puede inventarse datos, que no se le debe facilitar información confidencial sin garantías o que su resultado hay que revisarlo. Tras el Omnibus, las empresas ya no deben «garantizar» un nivel suficiente de conocimientos en su plantilla, sino adoptar medidas que lo favorezcan. Aun así, conviene poder demostrar que se ha formado a quien utiliza estas herramientas: un registro de las sesiones formativas y una guía interna de uso son un buen punto de partida.
Conviene recordar, además, que el incumplimiento tiene consecuencias. Las multas pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7 % de la facturación mundial en el caso de prácticas prohibidas, y los 15 millones o el 3 % para la mayoría de los demás incumplimientos; en el caso de las pymes se aplica la menor de las dos cuantías. En España, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) es el organismo de referencia en esta materia.
El aplazamiento es un margen para prepararse, no una invitación a esperar.
Cinco pasos para empezar
- Inventario. Listar qué herramientas de IA se usan, para qué, con qué datos y quién es el responsable de cada una. Incluye también la llamada «IA en la sombra» (shadow AI): las herramientas que los empleados utilizan por su cuenta, como asistentes gratuitos en el navegador, sin autorización de la empresa. Suele ser el riesgo más inmediato, porque implica sacar datos de la empresa sin ningún control. Después, clasifica cada uso según los niveles de riesgo del Reglamento.
- Política. Aprobar al máximo nivel (consejo de administración o administradores) qué está permitido, qué está prohibido y quién autoriza nuevos usos. Que la apruebe el órgano de administración no es una formalidad: demuestra que el riesgo se gestiona desde arriba.
- Controles. Revisar los datos, los modelos y, sobre todo, los resultados. Especial atención a la supervisión humana cuando la IA alimenta información financiera o decisiones que afectan a terceros. Supervisión humana significa que una persona con criterio y autoridad revisa el resultado y puede corregirlo o rechazarlo; no basta con que alguien pulse «aceptar» por rutina.
- Seguridad. Limitar los accesos y permisos de los agentes de IA, registrar sus acciones y prever un mecanismo para desconectarlos. A diferencia de un asistente que solo sugiere, un agente actúa por sí mismo: envía correos, registra operaciones o lanza pagos. Debe aplicársele el mismo principio que a cualquier usuario: solo los permisos imprescindibles y segregación de funciones.
- Evidencias. Guardar documentación de cada sistema: finalidad, pruebas realizadas, cambios de versión, incidentes y proveedores implicados. Lo que no está documentado, a ojos de un supervisor o de un auditor, es difícil de defender.
Y un detalle que se olvida a menudo: los contratos con proveedores. Conviene incluir obligaciones de información sobre cómo funciona el sistema, la notificación de incidentes, el aviso previo cuando el proveedor actualice el modelo y garantías sobre el uso que hará de los datos de tu empresa (por ejemplo, que no los utilice para entrenar sus propios modelos).
En resumen: la ventaja competitiva no estará en tener más IA, sino en saber gobernarla. Un marco común de aprobación y control permite adoptar nuevas herramientas más rápido, con menos sustos y con la tranquilidad de poder explicarlo ante un supervisor, una entidad financiera o tu auditor.


